El gobierno y muchas instituciones en Cataluña, incluyendo el Parlamento autonómico, se niegan a acatar las decisiones de los más altos tribunales de justicia del Estado español. Esta actitud rebelde, deja indefenso al ciudadano cuyos recursos ante la justicia se ven condenados al fracaso ante la desobediencia de la administración y la pasividad del Estado. ¿Qué hacer?